La Policía Nacional dispuso la suspensión de varios agentes que participaron en un confuso incidente donde mataron a una pareja de esposos y otra persona resultó herida en el municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

A través de un comunicado enviado a esta redacción, la institución del orden dijo que no tolerará que ninguno de sus miembros cometa acciones que violen las normas y leyes nacionales, por lo que si producto de la investigación los señalados resultan culpables, estos serán puestos a disposición de la justicia ordinaria para que respondan por el hecho que se les imputa.

«Reiteramos nuestro compromiso con la sociedad el mantener el orden público, el respeto a los derechos constitucionales de cada ciudadano y la convivencia pacífica», dice el comunicado.

Según publica el portal Villa Noticia, las dos personas muertas a tiros la noche del martes eran dos predicadores cristianos que regresaban de la comunidad de Los Ganchos de Pino Herrado luego de concluir una campaña evangelística.

Supuestamente la policía confundió el vehículo que venían los evangélicos con otro a quien le estaban dando seguimiento.

Cabe destacar que en el comunicado de la Policía Nacional ni se menciona el nombre de las personas fallecidas ni heridas, ni de los policías que supuestamente mataron a esta fallecida.

Este hecho se produce apenas un día después de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicara un informe sobre los Derechos Humanos en la República Dominicana, en el cual determinó que aunque la ley prohíbe la tortura, los golpes y los abusos físicos, miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente la Policía Nacional, llevaban a cabo esas prácticas.

El informe establece que la impunidad fue un problema dentro de ciertas unidades de las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Nacional.

Asimismo, dicta que “El gobierno no respondió en gran medida a las preguntas sobre los controles internos y las investigaciones entre las fuerzas de seguridad. El gobierno no ha informado de ningún caso de uso excesivo de la fuerza por parte de un agente de policía registrado al 1 de septiembre”.

De acuerdo al documento, el gobierno afirmó que todas las detenciones cumplían con las protecciones constitucionales.

“El gobierno utilizó el entrenamiento para combatir la impunidad oficial. La policía nacional ofreció formación especializada en derechos humanos como parte de sus cursos de formación continua”, establece.

El documento detalla las denuncias hechas por trabajadoras sexuales, que alegaban eran golpeadas por agentes de la Policía cuando intentaban trabajar, en violación de las prohibiciones establecidas por el COVID-19. N DIGITAL